LA PARTICIPACIÓN DE INSTITUCIONES DEL ESTADO EN SUS OBJETIVOS

La lucha que ejerce el Estado contra la delincuencia organizada busca principalmente el respeto de la vida y la libertad de los ciudadanos, con el fin de lograr una convivencia pacífica dentro de la sociedad y un respeto de los derechos de los miembros que la componen.

Resulta un poco contradictorio que, por un lado, el Estado busque defender los derechos, las garantías y la libertad de un sector de la sociedad, los ciudadanos comunes, y por el otro condene estas mismas condiciones a un sector distinto: los pertenecientes a organizaciones que se encargan de realizar actividades ilícitas. En diversas ocasiones se puede presentar un conflicto en la aplicación de las leyes que implica el abandono del propósito principal que tiene el gobierno hacia la sociedad: proteger la integridad y los derechos de los ciudadanos para garantizar el bienestar social. Por lo anterior surge la necesidad de implementar los controles institucionales, pues estos permiten regular la participación y actuación del gobierno ante estas situaciones.

Es importante mencionar que el hallazgo principal revela que el objetivo del gobierno federal no es combatir el crimen organizado sino la violencia que éste genera, y que para ello ha implementado una política basada principalmente en el uso de la fuerza pública, factor que no facilita la colaboración inter e intra-gubernamental por los conflictos que surgen cuando se articulan las políticas de seguridad pública con las de seguridad nacional (Montero, 2012).

El estado se enfrenta con retos muy grandes al intentar combatir la delincuencia organizada y los grupos delictivos, pues una de las formas más comunes en las que estas organizaciones operan es mediante infiltrados dentro de las instituciones gubernamentales, con el fin de garantizar su protección y la ejecución de sus planes; así, mientras el estado intenta implementar estrategias de inteligencia y contrainteligencia para identificar las instituciones gubernamentales corruptas que están involucradas, los grupos delictivos encuentran oportunidades para expandirse y diversificarse. En otras palabras, mientras el estado está atacando un territorio, la delincuencia organizada voltea a ver otras tierras fértiles para diversificarse. Es por ello que México busca detectar si es posible que un incremento de las penas y sanciones podría ayudar a disminuir la ejecución de delitos.

La principal normativa con la que cuenta nuestro país, aplicable al combate contra el sector criminal, es la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la cual como lo menciona el Artículo 1º:

Tiene por objeto establecer reglas para la investigación, persecución, procesamiento, sanción y ejecución de las penas, por los delitos cometidos por alguna persona que forme (sic) parte de la delincuencia organizada. Sus disposiciones son de orden público y de aplicación en todo el territorio nacional. (Secretaría de Gobernación, 1996).

Antes de que México contara con una ley que le permitiera controlar las sanciones y penas para las personas o grupos dedicados a actividades ilícitas, tomaba como fundamento la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1998, la cual, como lo menciona en su Artículo 2º:

Promueve la cooperación entre las Partes a fin de que puedan hacer frente con mayor eficacia a los diversos aspectos del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas que tengan una dimensión internacional. En el cumplimiento de las obligaciones que hayan contraído en virtud de la presente Convención, las Partes adoptarán las medidas necesarias, comprendidas las de orden legislativo y administrativo, de conformidad con las disposiciones fundamentales de sus respectivos ordenamientos jurídicos internos.

Complementando el fundamento con el que operaba el país, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional menciona en el Artículo 1º que “promueve la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional”.