Ante el reclamo social hacia la desatención de los intereses de las víctimas por parte de la sociedad y del Estado mexicano, el 3 de enero de 2013 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Víctimas; entre sus principales objetivos se encuentran el hacer respetar el amplio catálogo de derechos que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales a favor de las víctimas del delito, atendiendo todo tipo de violaciones a los Derechos Humanos. Para ello, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas está obligada a ofrecer ayuda, asistencia y atención para estas y sus familiares, ir en búsqueda de la verdad de los hechos, la impartición de justicia, la reparación del daño, así como la implementación de medidas orientadas a la no repetición de los hechos que la convirtieron en víctima de un delito u objeto de violación de Derechos Humanos.
La Ley General de Víctimas (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2017) establece, a partir de su artículo 79, la existencia de Sistema Nacional de Víctimas (SNAV) y su órgano operativo que es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Igualmente, obliga el establecimiento de un Programa de Atención Integral a Víctimas del Delito (PAIV); este último debe considerar las mejores acciones para lograr sus objetivos, de tal forma que se establezcan metas necesarias y de correcta realización, de tal forma que las políticas públicas sean las acordes a los compromisos internacionales, pero en especial a las necesidades de la población mexicana.
La creación de esta institución es histórica y representa el reconocimiento a los derechos de las víctimas que habían sido olvidados; lo anterior se debió porque se pensaba primero en el imputado o acusado, a efecto de que no se violentaran sus Derechos Humanos por parte del Estado, y en segundo lugar porque el Estado y la sociedad no quería asumir la obligación de atender a las víctimas u ofendidos del delito.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito será la rectora de los esfuerzos que se realicen a nivel nacional, estatal y municipal; desde luego, ante esta diversidad de instancias, debe haber coordinación y ayuda mutua para proteger a la víctima de forma integral, independientemente del lugar o el ámbito donde se encuentre.
Es importante mencionar que el Sistema Nacional de Atención a Víctimas se encuentra integrado por el presidente de la república, la Comisión de Justicia de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la Secretaría de Gobierno, los Poderes Legislativo y Judicial y las comisiones de Derechos Humanos de todas las instancias de gobierno.
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