Reforma constitucional y la ejecución penal

En el marco de la Reforma Constitucional de 2008 del Sistema Penal Acusatorio y Adversarial, se da origen a nuestra actual ejecución penal. Por lo que, en el año de 2016 se crea la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP), siendo clave la ejecución penal para el éxito del Sistema Penal Mexicano. Así como en el Procedimiento Penal Acusatorio y Oral se observa en todo momento el respeto a los derechos humanos, en la ejecución de las penas estos derechos también deben ser respetados. Esta reforma provocó las modificaciones a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2016), que establecen la garantía del respeto y observancia de los derechos humanos de las personas en reclusión. Refiriéndonos al artículo 18 Constitucional el cual establece en su primer párrafo: … el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto… (Diario Oficial de la Federación, 2016). La ejecución penal, aun cuando forma parte del Sistema Penal Mexicano, se concreta a las controversias exclusivas de la ejecución, a los hechos que influyen en el cómputo de la sanción penal y el respeto de los derechos que interactúan en esta etapa. La influencia de la Reforma Constitucional la podemos advertir en materia de privación de la libertad de las personas sentenciadas, los órganos de ejecución y el control de la privación de la libertad, así como en los procedimientos para solucionar controversias planteadas en la ejecución penal ante los jueces de ejecución.