Juez de ejecución.

juez de ejecución la autorización de traslados y reubicación, así como ordenar el pago de la reparación del daño por violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. Las competencias del juez de ejecución se encuentran consagradas en el artículo 25 de la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP), a continuación, se puntualizan las fracciones del artículo citado: Garantizar a las personas privadas de la libertad…; Garantizar que la sentencia condenatoria se ejecute en sus términos, salvaguardando la invariabilidad de la cosa juzgada…; Decretar como medidas de seguridad…; Sustanciar y resolver los incidentes que se promuevan para lograr el cumplimiento del pago de la reparación del daño…; Garantizar a las personas privadas de la libertad su defensa en el procedimiento de ejecución; Aplicar la ley más favorable a las personas privadas de la libertad; Establecer las modalidades sobre las condiciones de supervisión…; Rehabilitar los derechos de la persona sentenciada…; Imponer los medios de apremio…; Las demás que esta Ley y otros ordenamientos le confieran (Diario Oficial de la Federación, 2016). De acuerdo a los tres modelos de la ejecución de la pena que analizaremos en el material, el primero de ellos establece que el tribunal que sentencia es quien debe ejecutar la pena, el segundo modelo indica que, una vez declarada firme una sentencia, corresponde al ejecutivo el cumplimiento de la pena a través de los directores de las penitenciarías, y el tercer modelo crea la figura del juez de ejecución, quien vigilará y controlará el cumplimiento de las penas y el respeto a los derechos humanos. En materia de ejecución de sanciones es importante cuestionar, ¿quién resuelve las controversias?, siendo el Juez de Ejecución, y ¿cuál es el procedimiento para resolver controversias? Esto se resolverá bajo los principios del Sistema Penal Acusatorio y Adversarial, y de acuerdo al artículo 123 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.