Los códigos de ética ayudan a poner en práctica conductas deseables para un grupo de profesionales; en nuestro caso, están dirigidos a operadores jurídicos del Derecho. Existen valores que enaltecen la función del jurista, como la honestidad, la integridad, la verdad, la confianza, el perseguir la justicia, entre otros no menos importantes. De lo contrario se estaría degradando su persona, su profesión y realizaría su trabajo sin principios ni valores. Los resultados de seguir un código de ética dependerán del grupo al que se dirija; no obstante, se plantean los siguientes beneficios:
Reduce los conflictos de los miembros.
Mejora la imagen exterior.
Facilita el comercio internacional.
Agrega valor y confianza a la actividad económica.
Supone un componente esencial del concepto de Calidad total.
Atrae a mejor capital humano.
Agrega valor a la comunidad donde opera (Ethics Global, 2016).
Como puede apreciarse, se trata de una visión institucional, quizá con fines orientados al comercio; sin embargo, destacan elementos importantes que suman dividendos positivos a favor de quien implementa un código de ética como medio de control en sus actividades. El objeto primordial de estudiar un código de ética es que los operadores jurídicos asuman responsablemente sus funciones. De esta manera, alcanzarán un perfeccionamiento personal y colectivo, de acuerdo a valores esenciales de su profesión.
ELEMENTOS BÁSICOS DE UN CÓDIGO DE ÉTICA Y DECÁLOGO PARA OPERADORES JURÍDICOS
Como tal, los elementos que integran un código de ética o un decálogo puedan variar dependiendo de la actividad del operador jurídico. Quizás los roles más identificados con el jurista sean como docente, abogado, notario, legislador, empleado judicial o en un ministerio público. Saldaña Serrano (2015) refiere un breve apartado para cada uno de los operadores jurídicos antes mencionados:
Para el docente refiere que el principal valor es la fiabilidad, de lo contrario lo que se diga sería engañoso o fraudulento. Quizá la mayor lucha del docente será evitar un conflicto de intereses entre su actividad académica y su beneficio personal, por tener un compromiso de trabajo con otra actividad o institución que le impidan ser independiente e imparcial.
En cuanto al abogado, su principal atributo debe ser la discreción. Este rasgo es fundamental para guardar en secreto los asuntos que le confié su cliente. Asimismo, ayudará a desarrollar en este un compromiso social por encima del interés económico que pueda surgir.
Respecto al notario, este debe ser un leal consejero para su cliente, lo cual requiere de una amplia discreción. La imparcialidad también constituye un atributo importante, ya que de ello derivará una asesoría adecuada, alejada de intereses personales o de terceros.
El legislador requiere a la libertad como principal valor, pues con ella evitará censura por parte de diversas fuerzas. Otro principio tiene que ver con la información para tomar decisiones acertadas. Todo legislador debe observar la igualdad entre cada uno de los actores que integran la legislatura, sin distinción de que sean coordinadores parlamentarios o de comisiones.
La imparcialidad debe ser el principal atributo del empleado judicial, con el fin de no orientar sus decisiones para un lado u otro según conveniencia. Es fundamental que se guíe por principios y valores, lo cual constituye definitivamente su principal característica, compartiendo otras de los demás operadores jurídicos.
Por último, el respeto a la dignidad humana debe regir el desempeño del ministerio público, respetando los Derechos Humanos de todas las personas con las que tenga contacto, sean víctimas o imputados. De igual manera, guarda un compromiso con la verdad para decidir sin ataduras o prejuicios. La responsabilidad es otro principio aplicable, el cual tiene que ver con asumir las consecuencias de sus actos. Finalmente, y no menos importante, encontramos a la valentía para enfrentar todos los retos que su actividad implique.
En resumen, nuestro código de ética y decálogo debe establecer supuestos éticos encaminados a buscar que el operador jurídico sea confiable, imparcial, discreto y que asuma un compromiso con la sociedad.
IMPORTANCIA Y NECESIDAD DE IMPLEMENTAR CÓDIGOS DE ÉTICA (PROPUESTA DE CÓDIGO)
El código de ética, en términos generales, es un compendio de normas no coactivas. Tiene por objeto regular el comportamiento de un grupo de profesionales, con el fin de procurar el mejoramiento personal y colectivo. Al respecto, es necesario señalar que un código de ética no reemplaza ni sustituye a la ley, mucho menos la contraviene; este tipo de instrumentos deben prevenir actitudes ilegales o antijurídicas. Los códigos de ética suelen ser una estrategia complementaria a las normas que, en esencia, deben ser éticas y justas.
Entre otros beneficios, permiten identificar conductas contrarias a la ética y erradicarlas eventualmente. Asimismo, ayudará a mantener el prestigio y la credibilidad de la organización de profesionales que se ciñan a este. Un código de ética no funciona por sí solo, pues depende sobre todo de una actitud de compromiso. Constituyen una herramienta útil que guía o emite directrices al trabajo de los profesionales que lo implementan.
Como bien sabemos, los códigos de ética no constituyen la única herramienta para regular conductas humanas, pero sí que apoyan en la regulación de la conducta de los involucrados. Estudiar e implementar este tipo códigos ayuda a un determinado grupo de profesionales a prevenir conductas que no abonen a su crecimiento personal y al buen desarrollo de la organización.
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